En la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, Chile firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, acuerdo global para mantener la red de vida en nuestro planeta. En él, las partes reconocen la considerable pérdida de la biodiversidad como consecuencia de las actividades humanas y reafirman que los Estados son responsable de la conservación y uso sostenible de los recursos biológicos.

El 2009, la ONU decretó la conmemoración del Día Internacional de la Tierra en abril de cada año, con el fin de crear conciencia sobre los problemas ambientales que enfrentamos, reconociendo la interdependencia entre los ecosistemas y los habitantes del planeta. Este día es, así, un llamado a la acción. En 2021, esta conmemoración ocurre en medio del proceso constituyente, lo que representa una valiosa oportunidad para actuar y garantizar la continuidad de nuestros ecosistemas y el buen vivir de las personas.

La actual Constitución chilena declara que todas las personas tienen el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y agrega que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado, así como también, tutelar la preservación de la naturaleza. A pesar de ello, hemos visto el surgimiento de numerosos conflictos socio-ambientales y la pérdida progresiva de bosques nativos y humedales, con impactos negativos en el bienestar de las comunidades locales y sin que la normativa constitucional y legal sirva como marco adecuado. En Chile gozamos de una multiplicidad y unicidad de especies, ecosistemas y paisajes, y de una diversidad cultural y pluralidad de saberes que no hemos sabido proteger.

Frente al riesgo de profundización de estos conflictos y sus consecuencias, debemos aprovechar esta oportunidad histórica. Chile vive un momento único para revertir esta tendencia de degradación y destrucción de la naturaleza. Si bien el país ha avanzado en el desarrollo de instrumentos de política pública ambiental, aún persisten profundas debilidades. Urgen ajustes en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, la Ley de Bosque Nativo, la Ley de Pesca y Acuicultura, el Código de Aguas, entre otras, pues en su forma actual, no garantizan la preservación de la naturaleza ni la sustentabilidad de los territorios.

En los últimos años, ha habido un desarrollo en la conciencia ambiental de la sociedad chilena, que reconoce la íntima y estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza. Una nueva Constitución debería asegurar de manera efectiva el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y la preservación y restauración de los ecosistemas para la provisión sostenida de bienes y servicios esenciales para las y los habitantes de los territorios. Esta nueva Constitución debe representar un cambio profundo y estructural que nos oriente hacia una sociedad chilena con una visión permanente para la sustentabilidad y el vivir.