El 20 de noviembre de cada año internacionalmente se celebra el “Día Universal del Niño y la Niña” conmemorando así la fecha de la adopción de la Convención de Derechos del Niño. En el caso chileno, para el 2021 se ha establecido que el día de la niñez sea el domingo 8 de agosto.

Acogiendo cualquier llamado a celebrar la vida y promover los derechos de cada persona, cualquiera sea su edad, parece importante indicar que la ocasión brinda la oportunidad para recordar los derechos que la sociedad chilena tiene pendientes con la niñez y adolescencia. Ello pese a los avances logrados en las últimas décadas y como ocurre con tantos otros colectivos en el país. En educación, en salud, en justicia, en participación, en vivienda. De forma especial, además, con la infancia especialmente vulnerable: quienes pertenecen a grupos tratados desigualmente de forma estructural.

Este 2021 la fecha de celebración nacional se encuentra, además, con el proceso constituyente y el inicio del trabajo de la Convención Constitucional. Teniendo presente que la Constitución Política de 1980 no contiene una sola mención a niños, niñas y adolescentes y que Chile es el único país en la región sudamericana que al año 2021 no tiene una ley integral de protección de la infancia y la adolescencia, parece legítimo poner esperanza en este proceso. Para que los derechos de niños, niñas y adolescentes sean una parte integral de ese nuevo texto. Para que principios como el interés superior, la participación y la autonomía progresiva, así como adecuados sistemas de garantías o exigibilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes se hagan presentes en el nuevo pacto social. Para que sus voces sean escuchadas.

El proceso constituyente es una oportunidad también para mirar con detención la forma en que nos hemos relacionados con niños, niñas y adolescentes desde el mundo de las personas adultas. Es una oportunidad para darles visibilidad y tratarles, en verdad, como sujetos de derecho, conciliando sus particulares realidades con todas las regulaciones constitucionales que se relacionan con su interés superior sin que queden comprendidos en ellas olvidando su autonomía progresiva. Desde la consagración de la protección constitucional a todas las formas de familia y de la protección contra toda forma de violencia, hasta el rol del Estado en los casos en que no existe contexto familiar de acogida para un niño o niña, por ejemplo.

Desde el Programa Foro Constituyente de la Universidad de Concepción, saludamos a la niñez y la adolescencia de nuestro país y, fieles a la vocación pública de la institución, ponemos nuestras capacidades para promover y contribuir a que todo cambio constitucional se haga también en beneficio y con la participación de quienes están hoy en una maravillosa etapa de la vida y a quienes el país debe, de verdad, un nuevo pacto social intergeneracional que vele por su protección, crecimiento y desarrollo pleno.